Viñeta 156
Bogotá ¿Sí o no?
Por Jorge Arturo Díaz Reyes. Cali, 21 de junio 2016
Muchos dan por hecho que la plaza de Toros de Santamaría, será reabierta para su fin propio el año entrante, tras un lustro de clausura ilegal, autoritarismo, violación de libertades, y desacato a las altas Cortes (Constitucional y Consejo de Estado) por parte de la alcaldía de Bogotá.
Como dice mi madre ¡Dios los oiga! Esta vez, digo yo, porque todos los años, pensando con el deseo, han anunciado lo mismo. Desde la última corrida el 19 de febrero del 2012. Una de Gutiérrez que ante lleno completo lidiaron Pepe Manrique, El Juli y Talavante. Por cierto, Manrique hizo el paseíllo implorando, con la palabra libertad inscrita en su capote. Plegaria desatendida.
El anuncio de acogerse a la justicia por parte del alcalde actual Enrique Peñalosa, antitaurino militante, enmienda su desafío inicial de mantener la prohibición impuesta por su predecesor Petro, arguyendo que “la Corte Constitucional dice que no se pueden prohibir los toros pero yo creo que el Distrito sí puede decidir cómo utiliza la Plaza porque es un inmueble que le pertenece a todos los bogotanos”.
Reto lanzado el 26 de octubre de 2015 a las siete y media de la mañana, en plena euforia por su magro triunfo electoral (Ver diario El Espectador de aquella fecha). Y ratificado hace veinte días. “Seré el primero en salir a marchar si las corridas de toros regresan a Bogotá” (lo pone de nuevo en duda).
Amenaza de cuidado, pues ya sabemos del cariz que han tenido siempre dichas marchas. Da terror imaginar a los aficionados inermes tratando de acceder a la plaza en medio de la orda furiosa y además envalentonada por tener el alcalde a la cabeza. Él prometió hacerlo con civilidad y democracia… ¿Y los otros? Podría pasar cualquier cosa.
El respeto a los derechos humanos, la paz, el orden público y la ley no solo son deberes de todo ciudadano sino obligaciones perentorias para quien preside una ciudad.
Supone uno que el señor Peñalosa en lugar de promover “marchas” antiaturinas de azaroso resultado tendría que clarificar nítidamente su posición.
¿Acatará las Cortes, garantizará el desarrollo de una actividad cultural legítima, protegerá la vida, honra y bienes de quienes participemos en ella? ¿Sí o no?
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